Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transformó el cierre parcial del gobierno en una estrategia política agresiva: en lugar de limitarse a suspender empleados, como ocurre en la mayoría de estas crisis presupuestarias, ha impulsado despidos masivos y recortes dirigidos a programas que los demócratas consideran fundamentales.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que los despidos son “inminentes”, mientras que la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) anunció la suspensión de 18.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura clave, incluyendo el metro de Nueva York y el Túnel Hudson.
La estrategia de Trump y Vought
Trump elogió a su director de presupuesto, Russ Vought —ideólogo del plan conservador Proyecto 2025—, destacando su capacidad para recortar partidas que el Congreso difícilmente aprobaría. En paralelo, Vought informó a legisladores republicanos que los despidos comenzarían de inmediato, en línea con el plan de reducción del aparato estatal impulsado junto a Elon Musk a inicios de año.
“Esto es crueldad con propósito”, denunció el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, quien acusó a la Casa Blanca de usar el cierre como un arma política.
Impacto económico y social
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), alrededor de 750.000 empleados federales podrían quedar suspendidos sin salario durante el cierre, lo que representaría pérdidas de 400 millones de dólares diarios. Además, advierten que la reducción del gasto público afectará el PIB y la demanda privada de bienes y servicios.
Los efectos podrían agravarse en octubre, cuando los trabajadores que aún cumplen funciones comiencen a quedarse sin cheques de pago. Mientras tanto, el gobierno garantiza el financiamiento de Defensa y Seguridad Nacional, asegurando la continuidad de su plan de control migratorio y deportaciones masivas.
La batalla por la salud y el presupuesto
El principal punto de fricción con los demócratas es la financiación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare). Mientras ellos exigen proteger los subsidios para evitar que las primas de seguros se dupliquen, los republicanos insisten en postergar la discusión hasta fin de año.
El vicepresidente JD Vance declaró que están dispuestos a negociar “para asegurar el acceso a la salud”, pero no bajo la presión del cierre.
Escalada institucional
La administración Trump ya había tensionado con el Congreso al intentar revertir fondos aprobados para educación, energía limpia y medios públicos. Aunque la Oficina de Responsabilidad Gubernamental advirtió que esas maniobras violaban la ley, la Corte Suprema avaló la “rescisión” de casi 5.000 millones de dólares, reforzando el poder del Ejecutivo en esta pulseada.
Con el Congreso paralizado y sin reuniones previstas a corto plazo, el cierre amenaza con extenderse, golpeando a trabajadores federales, programas sociales y a la economía en general.