En su primer día de regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia en la frontera sur de Estados Unidos y ordenó a sus principales funcionarios evaluar si invocar una ley del siglo XIX rara vez utilizada para responder a esa emergencia.
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar tareas de aplicación de la ley dentro de Estados Unidos.
Trump dijo el lunes que consideraría usar la ley si los tribunales federales le impidieran desplegar la Guardia Nacional para realizar misiones de aplicación de la ley y proteger edificios federales.
Esto es lo que debes saber.
¿Qué es la Ley de Insurrección de 1807?
La ley del siglo XIX permitiría el uso de personal militar en servicio activo para realizar tareas de aplicación de la ley dentro de los EE. UU.
Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que «obstrucciones, combinaciones o reuniones ilegales o rebelión» contra el gobierno hacen «impracticable hacer cumplir» la ley estadounidense «mediante el curso ordinario de los procedimientos judiciales».
Una vez convocadas, las tropas podrían asumir diversas funciones, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener a migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres nacionales.
Debido a que la Ley de Insurrección fue escrita en términos amplios, con pocas directrices específicas sobre cómo y cuándo se pueden utilizar los poderes, otorga a los presidentes una amplia libertad para decidir cuándo movilizar personal militar para operaciones internas.
¿Por qué Trump quiere usarlo?
Durante toda su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y calificó la situación de la frontera sur como una «emergencia nacional» que podría controlarse mejor invocando el estatuto del siglo XIX.
En su primer día en el cargo, en enero, pidió «recomendaciones sobre acciones adicionales que podrían ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo si se debe invocar la Ley de Insurrección de 1807».
El gobierno ya ha implementado una serie de medidas radicales en la frontera. Estas incluyen una redada nacional de deportaciones y el traslado de presuntos pandilleros venezolanos a una prisión en El Salvador, una decisión que ahora enfrenta impugnaciones legales.
Esto ocurre mientras las detenciones de migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se han desplomado a 6.300 en los últimos cuatro meses, una cifra inferior al promedio mensual durante la administración Biden.
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En octubre, Trump volvió a decir que estaba considerando el uso de la Ley de Insurrección después de que un juez federal le impidiera enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, Oregón, que según el presidente está invadida por «terroristas domésticos» de izquierda.
Si bien dijo que no ha llegado al punto en que esa decisión sea necesaria, «si tuviera que promulgarla, lo haría, aunque estuvieran matando gente y los tribunales nos estuvieran deteniendo, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran deteniendo».
Ese mismo día, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo que el gobierno se enfrentaba a una «insurrección legal» y que los fallos judiciales contra sus esfuerzos para hacer cumplir la ley equivalían a «una insurrección contra las leyes y la Constitución de los Estados Unidos».
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¿Cómo se ha utilizado en el pasado?
La Ley de Insurrección se ha invocado un puñado de veces en la historia de Estados Unidos.
Abraham Lincoln lo utilizó cuando los estados del sur se rebelaron durante la Guerra Civil de Estados Unidos, y el ex presidente Ulysses S. Grant lo invocó contra una ola de violencia racista del Ku Klux Klan después de la guerra.
En el siglo XX, el ex presidente Dwight D. Eisenhower lo invocó para que el Ejército de Estados Unidos escoltara a estudiantes negros a su escuela secundaria en Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador del estado se negara a cumplir con una orden federal de desegregación.
Más recientemente, se utilizó en 1992 cuando estallaron disturbios masivos en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos por la paliza a Rodney King, un hombre negro. El entonces presidente George Bush envió a miembros en servicio activo de la Infantería de Marina y el Ejército, así como a tropas de la Guardia Nacional.
¿Existen límites a la ley?
El gobierno de Estados Unidos ha trabajado tradicionalmente para limitar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, especialmente contra sus propios ciudadanos.
La Ley Posse Comitatus de 1878 se promulgó para restringir la actuación de las fuerzas armadas como fuerzas del orden a nivel nacional. En tiempos de inestabilidad, los estados suelen desplegar la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden.
Desde que regresó al cargo, Trump ha ampliado su autoridad al declarar emergencias nacionales, lo que le da al presidente acceso a poderes y recursos que normalmente están restringidos.
Ha utilizado esta autoridad para imponer aranceles y, lo que es más controvertido, para tomar medidas en materia de inmigración y desplegar agentes federales, la Guardia Nacional e incluso tropas en servicio activo en ciudades como Washington DC, Los Ángeles y Memphis.
En marzo, tras declarar el estado de emergencia en la frontera, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 , poco utilizada, para deportar a migrantes que, según él, eran pandilleros. En abril, la Corte Suprema bloqueó temporalmente esa iniciativa.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, no está claro qué desafíos legales podría enfrentar.