El mes pasado, el presidente Donald Trump otorgó a Argentina un salvavidas de 20.000 millones de dólares para evitar una crisis económica. En marcado contraste, semanas después, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. escuchó los argumentos en una apelación crucial contra la orden de un juez que obligaba a Argentina a pagar casi la misma cantidad a un financiador del litigio: la asombrosa cifra de 16.100 millones de dólares más intereses.
La sentencia es alarmante no solo por su impacto en Argentina y en los esfuerzos de Estados Unidos por estabilizar su economía, sino también por la amenaza que representa para los cimientos de las relaciones jurídicas internacionales y el comercio mundial. El Segundo Circuito debería revocar la decisión y demostrar respeto por la ley, los tribunales y las decisiones de un Estado extranjero.
La disputa se origina en la expropiación por parte de Argentina de una empresa argentina, conforme a la legislación argentina. Nunca debió haberse tramitado en un tribunal estadounidense. El litigio constituye un ejemplo aleccionador de oportunismo.
En 2012, Argentina renacionalizó legalmente su empresa energética nacional, YPF SA, pagando a la empresa española Repsol SA 5.000 millones de dólares por su participación mayoritaria . Los accionistas minoritarios que presentaron reclamaciones en Argentina se beneficiaron del acuerdo.
Los principios jurídicos en juego aquí son las reglas de funcionamiento de un sistema basado en la igualdad de los Estados soberanos. Cuando se respetan, la diplomacia y el comercio funcionan sin temor a que los jueces de un país alteren el ordenamiento jurídico de otro.
Si se ignoran, las disputas privadas se convierten en conflictos diplomáticos, los flujos económicos transfronterizos se enfrentan a nuevos riesgos y los bienes en el extranjero se convierten en blanco de represalias. Países como Brasil, Chile, Francia, Israel, Italia y Ucrania —además de los propios Estados Unidos— han intervenido en el litigio para expresar sus preocupaciones.
El contexto político que rodea este caso es relevante. La relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina es un factor, pero fuerzas geopolíticas de mayor envergadura justifican la prudencia judicial. Estados Unidos ya ha transitado este camino antes, y no ha tenido un buen resultado.
En el siglo XX, los tribunales estadounidenses ampliaron su jurisdicción extraterritorial, sobre todo en casos antimonopolio con indemnización por daños triplicados. En el caso Estados Unidos contra Aluminum Co. of America , el juez Learned Hand articuló la «doctrina de los efectos», según la cual un Estado soberano puede imponer responsabilidad por conductas extranjeras cuando sus efectos perjudiciales se sienten dentro de su territorio.
Las objeciones extranjeras fueron menos intensas durante la época dominante de Estados Unidos. Hoy, la UE, China, Brasil y otros países emplean doctrinas similares contra empresas estadounidenses. En un mundo con un poder más equitativo y unas instituciones internacionales debilitadas, los tribunales nacionales deberían evitar sentencias que se asemejen al imperialismo judicial.
Argentina argumentó que el Segundo Circuito debía revocar la confusa sentencia del tribunal de distrito, pocos días después de que el presidente Javier Milei, un estrecho aliado de Trump, obtuviera una sorpresiva victoria en las elecciones de mitad de mandato que impulsó la confianza de los inversores. Confirmar la sentencia de Nueva York podría volver a poner en riesgo la economía argentina.
Durante la audiencia oral celebrada el 29 de octubre, dos de los tres magistrados de apelación cuestionaron si el caso debía ser juzgado en un tribunal estadounidense. Uno de ellos preguntó: ¿Cómo se sentirían los estadounidenses si un tribunal argentino decidiera asuntos de derecho estadounidense que involucraran a una empresa y al gobierno de Estados Unidos?
Una revocación por parte del Segundo Circuito sería el resultado legal correcto, y un acto de moderación judicial que fortalecería el estado de derecho internacional y protegería los intereses de Estados Unidos en un mundo donde la reciprocidad es la norma.