Aumentan las dudas sobre la legalidad de una ola de ataques estadounidenses contra supuestos «barcos cargados de drogas» en el Mar Caribe, que han matado a más de 80 personas desde septiembre.
El presidente Donald Trump ha dicho que los ataques están dirigidos contra los llamados «narcoterroristas» que transportan drogas desde Venezuela a Estados Unidos a través del cártel Tren de Aragua.
En las últimas semanas se han producido anuncios similares, acompañados de imágenes borrosas de los ataques, pero Estados Unidos no ha aportado ninguna prueba del presunto tráfico de drogas y pocos detalles sobre quién o qué estaba a bordo de cada buque.
Funcionarios estadounidenses afirmaron actuar en defensa propia, pero los ataques han generado condena en la región. En un caso, el presidente colombiano afirmó que una embarcación atacada por Estados Unidos no era venezolana, sino «colombiana con ciudadanos colombianos a bordo», lo cual fue negado por la Casa Blanca.
Los expertos de la ONU han advertido que la naturaleza «sistémica» de los ataques «genera serias preocupaciones sobre la comisión de posibles crímenes internacionales».
BBC Verify entrevistó a diversos expertos en derecho internacional y marítimo tras el primer ataque. Varios afirmaron que Estados Unidos podría haber actuado ilegalmente al atacar el buque.
¿Qué dice el derecho internacional?
Estados Unidos no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero los asesores jurídicos militares estadounidenses han dicho anteriormente que Estados Unidos debería «actuar de manera coherente con sus disposiciones» .
En virtud de la convención, los países se comprometen a no interferir con los buques que operan en aguas internacionales. Existen excepciones limitadas que permiten a un Estado incautar un buque, como la «persecución en caliente», en la que se persigue a un buque desde las aguas territoriales de un país hasta alta mar.
«Se puede utilizar la fuerza para detener una embarcación, pero generalmente deberían emplearse medidas no letales», dijo el profesor Luke Moffett, de la Queens University de Belfast.
El profesor Moffett añadió que el uso de tácticas agresivas debe ser «razonable y necesario en defensa propia cuando existe una amenaza inmediata de lesiones graves o pérdida de vidas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», señalando que las acciones de Estados Unidos probablemente eran «ilegales según el derecho del mar».
¿Son legales los ataques estadounidenses contra presuntos miembros de cárteles?
Los expertos también han cuestionado si el asesinato de los presuntos miembros del cártel Tren de Aragua podría contravenir el derecho internacional sobre el uso de la fuerza.
Según el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, los países pueden recurrir a la fuerza cuando son atacados y desplegar sus fuerzas armadas en defensa propia. Trump ha acusado previamente al cártel del Tren de Aragua de llevar a cabo una guerra irregular contra Estados Unidos, y el Departamento de Estado ha designado al grupo como Organización Terrorista Extranjera .
Después del primer ataque, el profesor Michael Becker, del Trinity College de Dublín, dijo a BBC Verify que la acción estadounidense «extiende el significado del término más allá de su punto de ruptura».
«El hecho de que funcionarios estadounidenses describan a las personas fallecidas en el ataque estadounidense como narcoterroristas no las convierte en objetivos militares legítimos», afirmó el profesor Becker. «Estados Unidos no está involucrado en un conflicto armado con Venezuela ni con la organización criminal Tren de Aragua».
El profesor Moffett añadió: «Etiquetar a todos como terroristas no los convierte en un objetivo legítimo y permite a los Estados eludir el derecho internacional».
Un memorando enviado al Congreso de Estados Unidos, que se filtró, supuestamente decía que la administración Trump había determinado que Estados Unidos estaba en un «conflicto armado no internacional» con los cárteles de la droga.
En respuesta a un quinto ataque en octubre, la profesora de la Facultad de Derecho de Notre Dame, Mary Ellen O’Connell, dijo a BBC Verify que «no han salido a la luz hechos creíbles ni principios legales que justifiquen estos ataques».
«La única ley relevante para la paz es el derecho internacional, es decir, el derecho de los tratados, los derechos humanos y la condición de Estado», escribió el profesor O’Connell en una declaración enviada por correo electrónico.
Pero funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han defendido la acción, que también ha sido aplaudida por los republicanos en el Congreso.
Al ser preguntado sobre el mismo ataque, un funcionario de la Casa Blanca declaró a BBC Verify que Trump lo había autorizado después de que el barco zarpara de Venezuela tripulado por miembros del Tren de Aragua. El funcionario añadió que el presidente se comprometía a utilizar todos los medios posibles para impedir que las drogas llegaran a Estados Unidos.
El Pentágono se negó a compartir el asesoramiento legal que obtuvo antes de llevar a cabo el ataque.
En un ataque, llevado a cabo el 16 de octubre, hubo dos sobrevivientes, un colombiano y un ecuatoriano, que según el gobierno estadounidense fueron repatriados para su «detención y procesamiento».
Los funcionarios estadounidenses también han enfrentado escrutinio por un ataque de seguimiento -o «doble toque»- el 2 de septiembre.