El presidente Javier Milei encabezará este jueves, a las 17 horas, en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, la presentación del proyecto del nuevo Código Penal de la Nación. Lo acompañarán la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Se trata de la primera reforma integral del Código en más de un siglo: el actual texto rige desde 1921 y, aunque fue modificado parcialmente en múltiples ocasiones, nunca se logró una actualización completa.
Un Código ampliado y modernizado
La propuesta eleva los artículos de 316 a 920 y unifica más de un millar de leyes dispersas. Según el Gobierno, busca responder a los desafíos del siglo XXI, con un esquema que pone el foco en:
- Protección de las víctimas.
- Endurecimiento de penas.
- Tipificación de delitos emergentes.
Principales cambios
Entre las innovaciones más destacadas se encuentran:
- Imprescriptibilidad de crímenes graves como homicidios, abusos sexuales, trata, narcotráfico y delitos de lesa humanidad.
- Aumento de penas para robos frecuentes (entraderas, salideras bancarias, robo de celulares).
- Inclusión de nuevas figuras como stealthing (retiro del preservativo sin consentimiento), pornovenganza, secuestro virtual, crueldad animal y violencia organizada.
- Endurecimiento contra la corrupción estructural: eliminación de beneficios para funcionarios condenados, incorporación del soborno entre privados y restricción de la libertad condicional.
- Penalización más severa para delitos ambientales como minería ilegal y tala de bosques.
- Tipificación de fraudes digitales con inteligencia artificial y la creación de imágenes sexuales falsas.
El trabajo de la comisión
El texto fue elaborado por una comisión de expertos encabezada por el juez Mariano Borinsky, junto a juristas como Jorge Buompadre, María Eugenia Capuchetti y Fernando Soto. El proceso incluyó más de 100 reuniones con jueces, fiscales, defensores y organizaciones de la sociedad civil.
Con este lanzamiento, Milei busca mostrar un cambio estructural en la justicia penal argentina, marcando una ruptura con el sistema vigente desde hace más de 100 años.