¿Puede una ley ayudar a frenar el discurso de odio en la India? A eso apuesta el estado sureño de Karnataka.
El mes pasado, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que tiene como objetivo prevenir los discursos de odio y los crímenes de odio que alimentan la tensión comunitaria o se dirigen contra individuos y grupos.
El discurso de odio no es nuevo en India, pero se ha intensificado en los últimos años con la expansión de las redes sociales y la amplificación de los comentarios y reacciones por parte de los canales de televisión. Un informe del año pasado reveló que el discurso de odio contra las minorías, principalmente musulmanas, aumentó un 74 % en 2024, alcanzando su punto máximo durante las elecciones nacionales.
Por eso, el gobierno de Karnataka, liderado por el Partido del Congreso, afirma que la medida es necesaria, argumentando que el discurso de odio puede derivar en violencia en la vida real. Sin embargo, los críticos advierten que esto podría ir en detrimento de las libertades civiles y la libertad de expresión.
El Proyecto de Ley de Prevención de Delitos de Odio y Discursos de Odio de Karnataka de 2025, que aún necesita la firma del gobernador del estado para convertirse en ley, establece cómo se deben investigar y procesar los casos de discurso de odio.
Define el discurso de odio como cualquier expresión que se realiza, publica o circula públicamente, ya sea verbalmente, en forma impresa, televisiva o en redes sociales. Sin embargo, también define un delito de odio como la comunicación de discursos de odio, sin especificar si debe o no derivar en violencia.
El proyecto de ley otorga al gobierno estatal el poder de ordenar a las redes sociales y plataformas digitales que eliminen el contenido que considere discurso de odio, algo que actualmente solo puede hacer el gobierno federal.
La India no tiene una ley federal contra el discurso de odio, pero una serie de disposiciones en diversas leyes prohíben ciertas formas de expresión, escritura y acciones como excepciones a la libertad de expresión.
Esto incluye la criminalización de actos que puedan promover «la enemistad entre diferentes grupos por motivos de religión» y «actos deliberados y maliciosos, destinados a ultrajar los sentimientos religiosos de cualquier clase insultando su religión o creencias religiosas».
DIPR, KarnatakaEl BJP, que gobierna a nivel nacional pero está en la oposición en Karnataka, ha dicho que no es necesario aprobar una ley separada.
Pero el ministro del Interior de Karnataka, G Parameshwara, dijo a la asamblea que el proyecto de ley cerraría lagunas en la ley existente, haciendo que los discursos de odio y los crímenes de odio no sean pasibles de fianza y otorgando al estado poderes más amplios para actuar.
También aumenta las penas. De aprobarse, los condenados por delitos de odio se enfrentarían a penas de prisión sin fianza de uno a siete años y multas de 50.000 rupias (550 dólares; 410 libras), con penas más severas para los reincidentes.
El ministro principal del vecino estado de Telangana, también gobernado por el Congreso, ha dicho que también presentarán un proyecto de ley similar.
El BJP, a menudo acusado de adoptar duras medidas contra la disidencia a nivel nacional y en los estados que gobierna, ha estado protestando contra el proyecto de ley, diciendo que podría limitar la libertad de expresión.
«Con esta ley, el gobierno estatal está quitando a la gente el derecho a la libertad de expresión garantizado por la Constitución y poniendo a los líderes de la oposición y a los medios de comunicación tras las rejas», dijo el líder opositor R Ashoka a la asamblea.
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Los expertos legales y los activistas en defensa de la libertad de expresión se hacen eco de estas preocupaciones.
El abogado de la Corte Suprema, Sanjay Hegde, advierte que la ley podría ser mal utilizada por partidos políticos de todo el espectro.
«El discurso de odio de un partido es propaganda política de otro, y viceversa. Que te disguste un discurso no lo convierte en discurso de odio», afirma.
Alok Prasanna Kumar, defensor y cofundador del Centro Vidhi de Políticas Legales, dice que si bien la intención detrás de la ley puede ser buena, existe «un enorme margen para el mal uso».
El debate también ha planteado una cuestión más fundamental: cómo se definen por ley el discurso de odio y los delitos.
«Es un intento por parte de un Estado de definir el discurso de odio como un término en la ley, que se expande más allá de las disposiciones existentes sobre la promoción de la enemistad y la indignación de los sentimientos religiosos, para incluir el discurso dirigido contra la casta, la religión y otras identidades», dijo Siddharth Narrain, profesor adjunto de la Facultad de Derecho Nacional de la Universidad de la India.
Sin embargo, afirma que el proyecto de ley difumina la línea entre el discurso de odio y el delito de odio. Argumenta que el discurso de odio debería ser perseguido porque puede derivar en violencia, pero la redacción actual trata la comunicación en sí misma como un delito de odio incluso cuando no se produce violencia.
Los expertos también citan un fallo de la Corte Suprema de 2015 que establece que las leyes que penalizan la libertad de expresión deben ser precisas, no vagas ni excesivamente amplias, para evitar un «efecto paralizante» en el que las personas se autocensuran por temor a ser procesadas.