Con una manifestación frente a la Casa Rosada, organizaciones de personas con discapacidad reclamaron al presidente Javier Milei que ponga en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y vetada en cuatro oportunidades por el Ejecutivo. Pese a la insistencia parlamentaria, el Gobierno se niega a implementarla alegando falta de presupuesto, lo que ha llevado al sistema de atención a un estado de colapso.
Un sistema en crisis
Los manifestantes denunciaron la pérdida de prestaciones, la baja de pensiones sin justificación y la falta de actualización en los pagos a profesionales y transportistas del sector. “Estamos acá porque las personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna”, expresó Claudia D’Ippolito, quien señaló además el riesgo de cierre de talleres protegidos y de espacios clave como la Agencia Nacional de Discapacidad en la calle Hipólito Yrigoyen.
Con carteles que exigían el cumplimiento de la ley, los participantes realizaron una “ola” en la Plaza de Mayo como gesto simbólico de unidad y resistencia.
Reclamos y alternativas
El diputado Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, calificó de inconstitucional la decisión de Milei de promulgar la ley pero suspender su aplicación. Planteó tres posibles caminos:
- Implementar la norma por sentido común.
- Que la justicia obligue al Ejecutivo a hacerlo.
- La interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que reasigne partidas del presupuesto.
“Lo único que falta es que destine fondos a la Agencia de Discapacidad para que ponga en marcha la ley. La situación es desesperante”, afirmó Arroyo.
Los principales pedidos del sector
Durante la protesta se reiteraron las demandas centrales:
- Restitución de pensiones quitadas de forma masiva.
- Cumplimiento inmediato de la ley 27.793, dejando sin efecto el Decreto 681/2025.
- Asignación presupuestaria real en el Presupuesto Nacional.
- Transparencia y control en la gestión de fondos.
- Democratización de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Voces desde la movilización
En la Plaza se hicieron presentes muchas familias. Valentín, un joven de 21 años que asiste a la escuela especial Redondel, contó su temor a que cierren espacios fundamentales: “Las personas con discapacidad necesitamos nuestras terapias, nuestras piletas, todo lo que nos ayuda a vivir mejor”.
Su madre, Noelia, relató que además de acompañarlo, trabaja como acompañante terapéutica y que recién en octubre cobró lo correspondiente a junio por uno de sus pacientes. “Con un nomenclador bajísimo de 307 mil pesos mensuales, es imposible vivir. Y así están todos los que trabajamos en el sistema de discapacidad”, denunció.
El reclamo, que también se replicó en distintas provincias, busca visibilizar una realidad cada vez más crítica para miles de personas y sus familias.