ietarios debería ser una herramienta útil, que permita a las autoridades locales y demás partes interesadas supervisar con mayor claridad lo que sucede en sus respectivas áreas. Y lo que es más importante, se prohíben los desahucios del artículo 21, que no requieren más justificación que el deseo del propietario de desocupar su propiedad.
Sin embargo, los datos de los últimos tres años son preocupantes. Actualmente, el número de propietarios que rinden cuentas es ínfimo. Para que esto cambie, los ayuntamientos necesitarán recursos. Las nuevas normas y herramientas son de poca utilidad si no hay quien las aplique. La historia reciente está repleta de ejemplos de daños causados no por una legislación inadecuada, sino por una aplicación deficiente. El pésimo historial del sector del agua en relación con la contaminación es un claro ejemplo. Algunos de los fallos que provocaron el catastrófico incendio de la Torre Grenfell —gestionada por una entidad de vivienda social— son otro ejemplo.
Los ministros se han comprometido a proporcionar financiación adicional para que las autoridades locales puedan desempeñar sus nuevas funciones. Sin embargo, los departamentos de salud ambiental, que sufrieron recortes drásticos debido a las medidas de austeridad, no pueden reconstruirse de la noche a la mañana. Los ayuntamientos se encuentran bajo una enorme presión, y hasta 70 corren el riesgo de quebrar, en parte debido al exceso de gasto en los presupuestos destinados a necesidades educativas especiales. Los ministros deben explicar cómo se financiará la aplicación de los derechos de los inquilinos. Asimismo, deben establecerse recursos para la formación y contratación de personal.
Los procesos judiciales son largos y costosos. La mayoría de las quejas de los inquilinos no necesitan llegar a los jueces. El nuevo defensor del pueblo de la vivienda tiene como objetivo proporcionar un servicio de mediación. Pero si la nueva ley pretende elevar los estándares y mejorar la calidad de vida, como afirman los ministros, deben existir mecanismos que obliguen a los propietarios a cumplir las normas. Esto es lo mínimo que merecen los millones de inquilinos que no pueden permitirse la compra de una vivienda y carecen de la opción de una vivienda social de al