JOHANNESBURGO (AP) — Una investigación sobre las acusaciones de que los gobiernos liderados por personas negras de Sudáfrica interfirieron en las investigaciones sobre crímenes de la era del apartheid fue pospuesta el lunes en su primer día debido a las objeciones de uno de los abogados de la investigación.
El presidente Cyril Ramaphosa ordenó la investigación en abril tras décadas de presión por parte de familiares de las víctimas, quienes afirman que los gobiernos posteriores al apartheid les fallaron al no enjuiciar a los responsables. El sistema racista del apartheid en el país finalizó oficialmente en 1994.
La Fiscalía Nacional argumentó el lunes que Ishmael Semenya, el principal responsable de la presentación de pruebas en la investigación, estaba comprometido porque anteriormente había asesorado sobre una antigua política de enjuiciamiento de delitos de la época del apartheid que fue declarada inconstitucional.
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La jueza Sisi Khampepe, presidenta de la comisión investigadora, ordenó a la Fiscalía Nacional y a quienes respaldan la objeción, incluido el Ministerio de Justicia de Sudáfrica, que presenten cualquier solicitud de recusación de Semenya antes del miércoles. La jueza ordenó que la investigación continúe el 26 de noviembre, fecha en que se considerará la solicitud. Semenya no hizo declaraciones.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, establecida por el entonces presidente Nelson Mandela en 1996 con el objetivo de documentar los abusos de esa época, recomendó el enjuiciamiento de unos 150 casos de crímenes de la era del apartheid .
Esa comisión ofreció amnistía a algunos perpetradores a cambio de sus confesiones, pero muchos no la solicitaron ni la recibieron, y la falta de enjuiciamientos ha sido durante mucho tiempo un motivo de queja para muchos sudafricanos.
El partido Congreso Nacional Africano de Mandela fue fundamental para acabar con el apartheid, pero los gobiernos liderados por el ANC desde entonces han sido criticados por no garantizar que se investigaran los abusos.
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En 2008, un tribunal de Pretoria, la capital, criticó una política de la Fiscalía Nacional por considerarla «absurda e inconstitucional» y afirmó que no priorizaba los enjuiciamientos por delitos cometidos durante el apartheid. Semenya asesoró sobre dicha política.
En enero, más de 20 familias de víctimas de la era del apartheid demandaron a Ramaphosa y a su gobierno, exigiendo alrededor de 9,7 millones de dólares en daños y perjuicios y una investigación independiente sobre la posible interferencia en las investigaciones.
Ramaphosa ordenó la investigación como parte del acuerdo en ese caso. El tribunal aún está determinando la indemnización por daños y perjuicios.
El gobierno de Sudáfrica ha tomado medidas este año para afrontar el legado del apartheid ordenando nuevas investigaciones sobre los asesinatos de varias figuras prominentes a manos de las fuerzas de seguridad del apartheid, algunos de ellos más de medio siglo después.
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El mes pasado, una nueva investigación determinó que el entonces líder del ANC, Albert Luthuli , fue asesinado a golpes en 1967 y no murió atropellado por un tren de carga, como había concluido la investigación original realizada por las autoridades del apartheid. La familia de Luthuli había exigido que se investigara su muerte.