La tradicional marcha de jubilados frente al Congreso terminó en un nuevo episodio de represión. Bajo el mando del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, fuerzas federales y la Policía de la Ciudad aplicaron el “protocolo antipiquetes” contra un grupo de adultos mayores que protestaba pacíficamente por sus derechos previsionales. El saldo: diez heridos y un detenido, identificado como Víctor Vargas, de 63 años, quien luego recuperó la libertad.
Según denunciaron organismos de derechos humanos y veedores, el operativo fue “excesivo e injustificado” en relación con la magnitud de la protesta. Participaron alrededor de 300 efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la fuerza porteña, que avanzaron con gases, empujones y un carro hidrante para impedir que los jubilados completaran la tradicional vuelta a la Plaza de los Dos Congresos.
Entre los manifestantes golpeados estuvo Ricardo Ullé, de 68 años, que viaja cada miércoles desde Moreno. “Somos la primera línea de la marcha y los que más castigos recibimos. Estos muchachos aplican un protocolo sin constitucionalidad ni respeto democrático. Creen que a los jubilados se los disciplina con palos y gases, y están equivocados”, declaró.
A su lado, Juan Domingo Ruiz, de 71 años, ex trabajador del SAME, criticó la Ley Bases y reclamó que los fondos previsionales no se desvíen al Tesoro. “Eso es un robo. Vamos a insistir en que los futuros diputados protejan la caja previsional”, sostuvo. Otros grupos avanzan en una junta de firmas para impedir el uso discrecional del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS), clave para sostener las jubilaciones.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Comisión Provincial por la Memoria coincidieron en que la represión violó los principios de proporcionalidad y necesidad, al aplicarse gases lacrimógenos de forma indiscriminada contra adultos mayores.
Cristina, de 68 años, sintetizó el espíritu de la protesta: “El pueblo tiene que estar en la calle. No es solo la injusticia con los jubilados, también con discapacidad, salud, educación y los trabajadores en general”.