El Senado de México aprobó este miércoles una polémica reforma a la Ley de Amparo que endurece los requisitos para acceder a este recurso legal clave en la defensa de los derechos humanos. Con 70 votos a favor y 39 en contra, la mayoría oficialista de Morena y sus aliados avaló la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Qué plantea la reforma
El proyecto aprobado establece que el amparo podrá presentarse por afectaciones individuales o colectivas, pero condiciona su procedencia a una “lesión real, actual y diferenciada”. Además, amplía de 60 a 90 días el plazo para que los jueces resuelvan los amparos indirectos y limita la suspensión de actos reclamados en casos vinculados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, deuda pública o actividades sin concesión.
También introduce la digitalización de los juicios de amparo, aunque garantiza la posibilidad de tramitarlos en forma tradicional para quienes no tengan acceso a medios electrónicos. Un artículo transitorio, incorporado a última hora, dispone que los cambios serán aplicables incluso a casos que ya se encuentren en trámite.
El argumento del oficialismo
Al defender la iniciativa, Sheinbaum señaló que el amparo ha sido históricamente utilizado en beneficio de sectores privilegiados. “Los deudores fiscales son los que más han abusado del amparo. La justicia nunca ha llegado a los más pobres, menos aún a las mujeres indígenas”, afirmó la mandataria, justificando la reforma como una herramienta para “agilizar procesos y evitar abusos”.
La crítica de activistas y ONG
Diversas organizaciones civiles, entre ellas el Centro Prodh, GIRE, Fundar y Artículo 19, alertaron en un comunicado conjunto que los cambios podrían significar un retroceso en materia de acceso a la justicia. Cuestionaron la limitación de las medidas cautelares y la ampliación de los plazos procesales, que —según advierten— “abren la puerta al incumplimiento de las sentencias de amparo”.
Para los organismos, la reforma debería fortalecer y no restringir el alcance del juicio de amparo: “Un cambio legal de este tipo debe ser progresivo y garantizar que siga siendo una herramienta eficaz de protección, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.