La Comisión Europea evalúa la posibilidad de establecer un fondo especial para cubrir los costos de abortos a mujeres que no pueden acceder a este derecho en sus países de origen y que deben viajar al extranjero para realizar el procedimiento. La propuesta surge tras una iniciativa ciudadana que reunió más de un millón de firmas en todo el continente y que busca poner fin a la desigualdad en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la Unión Europea.
El caso que impulsó el debate
En 2022, la croata Mirela Čavajda, con 26 semanas de embarazo, recibió el diagnóstico de que su bebé padecía una grave enfermedad incompatible con la vida. Aunque la legislación de Croacia permite el aborto más allá de las 10 semanas en casos médicos graves, los hospitales de Zagreb rechazaron atenderla. Finalmente, viajó a Eslovenia, donde una comisión aprobó el procedimiento. El costo fue de unos 5.000 euros, que logró cubrir gracias a una colecta ciudadana que recaudó más de 29.000 euros en apenas dos días.
El caso generó indignación social, protestas en las calles y críticas hacia el sistema sanitario croata, donde alrededor de uno de cada seis médicos se acoge a la objeción de conciencia para no practicar abortos.
Restricciones en Europa
Aunque Croacia mantiene un marco legal restrictivo, la situación es más grave en Polonia y Malta, donde el aborto está prácticamente prohibido.
- Malta: en 2022, el caso de Andrea Prudente, embarazada de 16 semanas y en riesgo vital, obligó a trasladarla de urgencia a España para acceder al procedimiento. El episodio llevó a una leve reforma legal: ahora solo se permite el aborto si la vida de la mujer está en peligro inminente y con la aprobación de tres médicos.
- Polonia: tras la sentencia del Tribunal Constitucional en 2020, se prohibió interrumpir embarazos por malformaciones graves. En 2021, el caso de Izabela, que murió de septicemia porque los médicos retrasaron un aborto que podía salvarle la vida, desató protestas masivas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el país violó los derechos de las mujeres al obligarlas a viajar al extranjero.
Según estimaciones del movimiento europeo My Voice, My Choice, alrededor de 20 millones de mujeres en Europa carecen de acceso adecuado a servicios de aborto.
La propuesta: un fondo europeo
La iniciativa ciudadana plantea que el aborto seguro no debería depender de la capacidad económica de cada mujer. En palabras de Nika Kovač, líder del movimiento:
“Las mujeres polacas tienen redes de ONG que las ayudan a viajar, pero los costos son muy altos. Queremos un mecanismo para que ni las organizaciones ni las propias mujeres tengan que pagar por ello”.
Bruselas está analizando la creación de un fondo voluntario, en el que cada Estado miembro decida si participa o no, con apoyo financiero de la UE. La Comisión se comprometió a dar una respuesta oficial antes de marzo de 2026.
Los desafíos políticos
La propuesta no busca convertir el aborto en un derecho a nivel europeo, sino facilitar el acceso en los casos donde esté restringido. Sin embargo, la iniciativa enfrenta obstáculos:
- Algunos países insisten en que se trata de una cuestión moral y religiosa.
- El Comisario Hadja Lahbib recordó que las leyes sobre aborto siguen siendo competencia de cada Estado miembro y que cualquier cambio requeriría unanimidad.
Aun así, si la Comisión presenta una propuesta legislativa, deberá contar con la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros.