La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto con un grupo de personas con discapacidad, la Asociación Azul y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó un amparo colectivo contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para exigir la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez laboral que fueron suspendidas de forma arbitraria.
El caso recayó en el juzgado federal civil, comercial y contencioso administrativo N°4 de La Plata, a cargo del magistrado Alberto Recondo, el mismo juez que semanas atrás rechazó el amparo presentado por el activista neurodivergente Ian Moche contra el presidente Javier Milei.
Quién es el juez Alberto Recondo
Recondo, designado en 2011 durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, es conocido por haber intervenido en casos de fuerte repercusión pública, como la discusión por las tarifas en 2016 y la reforma al Consejo de la Magistratura en 2015.
En el caso Ian Moche, el juez aceptó los argumentos del presidente Milei y rechazó la denuncia del joven activista, cuyo abogado ya apeló la sentencia.
Más de 111.000 suspensiones en la ANDIS
La presentación de ACIJ denuncia que, en los últimos meses, la ANDIS suspendió 111.463 pensiones por discapacidad en todo el país, en medio de una auditoría que el organismo lleva adelante tras el escándalo por los audios de presuntas coimas en pagos a proveedores.
Según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, las suspensiones se fundamentaron en que muchos titulares no recibieron las citaciones para presentarse a las auditorías, debido a inconsistencias en los domicilios declarados.
Sin embargo, desde las organizaciones denuncian que las causales de suspensión fueron incorporadas recién en septiembre de 2024, en paralelo al inicio de la auditoría, sin difusión adecuada ni mecanismos accesibles de notificación.
“Irregularidades graves” en el proceso de control
El amparo colectivo resalta varias irregularidades:
- El único medio de citación fueron cartas documento, inaccesibles para gran parte del colectivo y que no llegan a todas las regiones.
- El propio informe del Gobierno al Congreso reconoció que el 50,6% de esas cartas no pudieron ser entregadas, aun así se avanzó en suspensiones.
- Muchas personas recién supieron de la baja cuando fueron a cobrar y no recibieron el dinero, sin explicación oficial ni derecho a defensa.
Argumentos del amparo: derechos vulnerados
En el escrito judicial, las organizaciones solicitaron que la Justicia ordene a la ANDIS:
- Restituir de inmediato las pensiones suspendidas.
- Abstenerse de realizar nuevas suspensiones basadas en normas inconstitucionales.
- Garantizar citaciones accesibles, con apoyos y ajustes razonables para que las personas puedan participar en el proceso de auditoría.
Los demandantes sostienen que la conducta del Estado constituye una violación del debido proceso, del derecho a la defensa y del derecho a la protección social y la salud.
“Las pensiones no contributivas constituyen un ingreso fundamental para asegurar la subsistencia de las personas con discapacidad. Su eliminación arbitraria profundiza la vulnerabilidad y pone en riesgo su derecho a vivir con dignidad”, alertaron desde la ACIJ.
Un fallo con alto impacto social y político
El caso coloca nuevamente a Alberto Recondo en el centro de la escena judicial. La decisión que tome sobre la restitución de las pensiones podría marcar un precedente clave en materia de derechos sociales y tendrá inevitablemente repercusión política, en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei enfrenta crecientes cuestionamientos por sus políticas de ajuste.