Los funcionarios del Departamento de Justicia, alegando privilegio, no revelaron detalles sobre el asesoramiento legal brindado a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre la decisión de continuar la deportación de más de 100 venezolanos a El Salvador en marzo
Las declaraciones presentadas ante el tribunal el viernes son una respuesta a una investigación por desacato iniciada por el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. James Boasberg, quien está determinando si Noem o cualquier otra persona debe ser remitida para un posible procesamiento por desacato.
Los documentos judiciales del viernes se presentaron después de que los abogados del Departamento de Justicia dijeron en una presentación la semana pasada que Noem ordenó que los vuelos de deportación continuaran a pesar de la orden de Boasberg de devolver los aviones a los EE. UU. mientras escuchaba un desafío legal al uso por parte de la administración de la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) para deportar a los venezolanos, a quienes la administración Trump acusó de ser miembros de pandillas.
Juez evalúa posible remisión por desacato a juicio contra Kristi Noem en deportaciones de El Salvador
En su declaración, Noem confirmó que tomó la decisión de continuar con el traslado de los detenidos después de recibir asesoramiento legal del liderazgo del Departamento de Justicia y de Joseph Mazarra, el asesor general interino del DHS.
En los documentos presentados el viernes, el fiscal general adjunto Todd Blanche y Emil Bove, un funcionario del Departamento de Justicia en marzo que ahora es juez de circuito de EE. UU., se negaron a proporcionar detalles sobre el asesoramiento legal «privilegiado» que le brindaron a Noem.
«El Departamento de Justicia no me ha autorizado a revelar información privilegiada en esta declaración», dijo Bove.
Mazarra, en su declaración, dijo que analizó la orden del juez Boasberg que buscaba bloquear las deportaciones y luego brindó asesoría legal a Noem.
«El DHS había expulsado a estos terroristas de Estados Unidos antes de que este Tribunal emitiera alguna orden (o declaración oral respecto a su expulsión)», escribió Mazarra en la presentación del viernes.
En una presentación separada, los abogados del Departamento de Justicia dijeron que sería «perjudicial y constitucionalmente inapropiado» obligar a los funcionarios que presentaron declaraciones a testificar antes de remitir el caso a un procesamiento.
«[El] Tribunal tiene toda la información que necesita para hacer una remisión si considera que está justificada, y una investigación fáctica más profunda por parte del Tribunal plantearía cuestiones constitucionales y de privilegio», afirmaron los abogados del Departamento de Justicia.
En respuesta a las declaraciones, Lee Gelernt, el abogado principal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que ha impugnado las deportaciones de la AEA en los tribunales, dijo a ABC News que «la administración Trump se niega nuevamente a cooperar con un tribunal federal».
En marzo, la administración Trump invocó la AEA (una autoridad de tiempos de guerra del siglo XVIII utilizada para expulsar a no ciudadanos con poco o ningún debido proceso) para deportar dos aviones llenos de presuntos miembros de pandillas migrantes a la mega prisión CECOT en El Salvador, argumentando que la pandilla venezolana Tren de Aragua es un «estado criminal híbrido» que está invadiendo Estados Unidos.
En una audiencia judicial del 15 de marzo , Boasberg emitió una orden de restricción temporal y ordenó que los aviones que transportaban a los detenidos fueran devueltos, pero los abogados del Departamento de Justicia dijeron que sus instrucciones orales ordenando que el vuelo fuera devuelto fueron defectuosas y las deportaciones procedieron según lo planeado.
La decisión anterior de Boasberg de que la administración Trump probablemente actuó en desacato se suspendió durante meses después de que un tribunal de apelaciones emitiera una suspensión de emergencia . El mes pasado, un tribunal federal de apelaciones denegó restablecer la orden original de Boasberg, pero el fallo le permitió seguir adelante con su investigación.