El Departamento de Justicia está investigando a funcionarios de Minnesota, incluido el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por una presunta conspiración para obstaculizar a los agentes federales de inmigración, una escalada extraordinaria en el enfrentamiento de la administración Trump con los líderes demócratas allí, dijeron a CBS News varias fuentes familiarizadas con el asunto.
Una de las fuentes, un funcionario estadounidense, dijo que la investigación se deriva de las declaraciones que Walz y Frey han hecho sobre los miles de oficiales de Inmigración y Control de Aduanas y agentes de la Patrulla Fronteriza desplegados en la región de Minneapolis en las últimas semanas .
Es probable que se emitan citaciones en la investigación, dijeron a CBS News fuentes familiarizadas con el asunto.
Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios.
«Este es un claro intento de intimidarme por defender a Minneapolis, a nuestras fuerzas del orden locales y a nuestros residentes contra el caos y el peligro que esta Administración ha traído a nuestras calles», declaró Frey a CBS News. «No me dejaré intimidar. Mi enfoque seguirá siendo el mismo de siempre: mantener nuestra ciudad segura».
Walz declaró: «Hace dos días fue Elissa Slotkin . La semana pasada fue Jerome Powell . Antes de eso, Mark Kelly . Utilizar el sistema judicial como arma y amenazar a los oponentes políticos es una táctica peligrosa y autoritaria. La única persona que no está siendo investigada por el tiroteo de Renee Good es el agente federal que le disparó».
Casi 3.000 agentes federales de inmigración han sido enviados a Minneapolis con el objetivo declarado de arrestar a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin documentos e investigar acusaciones de fraude en Minnesota. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado este despliegue masivo como la mayor operación de su historia.
La presencia a gran escala de agentes federales ha provocado una reacción local generalizada , provocando protestas y enfrentamientos, especialmente después del asesinato de la residente de Minnesota Renee Good por parte de un oficial de ICE la semana pasada.
Walz y Frey, ambos demócratas, han denunciado enérgicamente el despliegue federal en las Ciudades Gemelas, acusando a los agentes federales de crear caos y socavar la seguridad pública a través de tácticas agresivas.
A principios de esta semana, Frey dijo que el despliegue federal había creado una situación que «no era sostenible».
«Actualmente, tenemos residentes que piden al muy limitado número de policías que luchen contra los agentes de ICE en la calle», dijo Frey. «No podemos estar en una situación en Estados Unidos donde dos entidades gubernamentales se enfrenten entre sí».
Walz y Frey han pedido que las protestas se mantengan pacíficas. El gobernador instó a los habitantes de Minnesota a no «alimentar el caos» en un mensaje del jueves.
La procuradora general Pam Bondi escribió el viernes : «Un recordatorio para todos en Minnesota: nadie está por encima de la ley».
El fiscal general adjunto Todd Blanche, quien visitó Minneapolis con el director del FBI Kash Patel el viernes, pareció hacer una vaga referencia a la investigación a principios de esta semana.
«Walz y Frey, mi objetivo es detener su terrorismo por todos los medios. Esto no es una amenaza. Es una promesa», escribió Blanche en X a principios de esta semana.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró el jueves : «El alcalde Frey y el gobernador Walz deben controlar su ciudad. Están fomentando obstrucciones y agresiones contra nuestras fuerzas del orden, lo cual constituye un delito federal, un delito grave».
Noem ha dicho que la retórica de Walz y Frey «perpetuó» la violencia dirigida contra los agentes federales, argumentando que sus comentarios minaron la confianza pública en las fuerzas del orden y envalentonaron a los manifestantes en el terreno.
La investigación federal se centra en un estatuto federal, 18 USC § 372, dijo un funcionario estadounidense a CBS News, que tipifica como delito que dos o más personas conspiren para impedir que agentes federales lleven a cabo sus funciones oficiales mediante «fuerza, intimidación o amenazas».
El estatuto se ha utilizado históricamente en casos de esfuerzos coordinados para obstruir a funcionarios federales, incluyendo acciones que implican violencia o amenazas. La crítica pública a las políticas federales se ha considerado históricamente como expresión protegida, a menos que implique coordinación directa o incitación a obstruir la aplicación de la ley.