El acuerdo de libre comercio entre India y el bloque de cuatro naciones europeas EFTA, que entrará en vigor el 1 de octubre, tendrá disposiciones legalmente vinculantes sobre comercio y desarrollo sostenible, dijo Suiza el miércoles.
“Por primera vez, India ha establecido disposiciones jurídicamente vinculantes sobre comercio y desarrollo sostenible en un acuerdo de libre comercio”, afirmó en un comunicado.
Los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Las dos partes firmaron el Acuerdo de Asociación Comercial y Económica (TEPA) el 10 de marzo de 2024.
En virtud del pacto, India ha recibido un compromiso de inversión de 100.000 millones de dólares en 15 años por parte del grupo, al tiempo que permite que varios productos, como relojes suizos, chocolates y diamantes tallados y pulidos, tengan aranceles más bajos o nulos.
El bloque comprometió una inversión de 100.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares dentro de los 10 años siguientes a la implementación del acuerdo y otros 50.000 millones de dólares en los próximos cinco años, lo que facilitaría la creación de un millón de empleos directos en la India.
Se trata del primer compromiso de este tipo acordado en todos los acuerdos comerciales firmados por la India hasta el momento.
Suiza afirmó que el acuerdo aumenta la seguridad jurídica y la previsibilidad de los intercambios económicos bilaterales.
“También mejora el acceso al mercado indio para los bienes y servicios suizos. India otorga a Suiza un mejor acceso al mercado para el 94,7% de sus exportaciones existentes (2018-2023, excluyendo el oro)”, añadió.
Entre ellos se incluyen productos farmacéuticos, maquinaria, instrumentos ópticos, relojes y productos agrícolas procesados.
El pacto, dice, también contiene una disposición en la que las partes contratantes confirman sus derechos y obligaciones en virtud de otros acuerdos internacionales.
Estos incluyen acuerdos en áreas de comercio, medio ambiente, asuntos sociales y derechos humanos.
“Esto tiene como objetivo garantizar que ni la legislación ambiental y laboral de los países socios ni las leyes ambientales y sociales internacionales se violen en relación con el acuerdo”, añadió.