“Mientras se destinan recursos públicos a eventos deportivos a gran escala, miles de niños y adultos enfrentan hambre crónica, anemia severa e inseguridad alimentaria generalizada”, enfatizan las organizaciones, citando también un “entorno político marcado por la represión sistemática contra los ciudadanos que expresan su pensamiento crítico”. El partido Angola-Argentina está programado para noviembre de este año, como parte de las celebraciones del 50.º aniversario del país.
Organizaciones de derechos humanos han pedido a Argentina que cancele el partido amistoso con Angola, previsto para noviembre de este año en Luanda, para conmemorar el 50 aniversario de la independencia nacional.
La carta abierta, dirigida a la Federación Argentina de Fútbol y a su selección nacional, está firmada por la Comisión Episcopal de Justicia y Paz e Integridad de la Creación de la CEAST [Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé], Pro Bono Angola, la Asociación Justicia, Paz y Democracia (AJPD) y Amigos de Angola (FoA).
Las cuatro organizaciones angoleñas subrayan que su llamamiento “no se opone al deporte ni a los lazos de amistad entre los pueblos”, sino que representa “un grito de conciencia ante la dolorosa realidad que viven millones de angoleños, una realidad que contrasta de forma impactante con la ostentación y los millones de dólares gastados en la organización de este evento”.
Los firmantes del documento citan el informe SOFI 2025: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Este informe indica que más de 27 millones de angoleños (aproximadamente el 71,4 % de la población) carecían de acceso a una dieta saludable en 2024 y que la malnutrición afectaba al 22,5 % de la población, es decir, aproximadamente 8,3 millones de personas.
“Mientras se canalizan recursos públicos hacia eventos deportivos a gran escala, miles de niños y adultos enfrentan hambre crónica, anemia severa e inseguridad alimentaria generalizada”, enfatizan en la carta.
Según estas organizaciones, “la grave crisis social se produce en un ambiente político marcado por la represión sistemática contra los ciudadanos que expresan un pensamiento crítico”.
“Aunque Angola se presenta como una democracia con una economía libre, solo un grupo selecto de ciudadanos, en su mayoría vinculados al MPLA [Movimiento Popular para la Liberación de Angola] —el partido que apoya al gobierno— se benefician de los negocios y tienen acceso a líneas de crédito”, enfatizan.
También describen que, “a pesar de que el país posee una enorme cantidad de riqueza natural —petróleo, minerales, biodiversidad, recursos hídricos y más de 11 millones de hectáreas de tierra cultivable—, la abrumadora mayoría de la población vive en la pobreza extrema”.
En la carta, los firmantes recordaron que el país vivió tres días de protestas, entre el 28 y el 30 de julio de este año, periodo en el que, según la Policía Nacional, se registraron “al menos 30 muertos, más de 277 heridos y alrededor de 1.515 detenidos”.
“Este escenario incluye: detenciones arbitrarias de periodistas, activistas y manifestantes pacíficos; uso excesivo de la fuerza policial, con informes de ejecuciones sumarias; y criminalización de la libertad de expresión y la movilización cívica, especialmente entre los jóvenes”, señala el documento.
“Estos abusos están ampliamente documentados por organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y relatores especiales de las Naciones Unidas”, añaden, enfatizando que este escenario revela “un Estado que silencia las voces disidentes en lugar de escucharlas: una lógica de control político, no un compromiso con la justicia y la dignidad”.