El Gobierno de Pedro Sánchez presentó este viernes una propuesta para reformar la Constitución con el objetivo de garantizar el derecho al aborto en España, en un contexto internacional marcado por crecientes intentos de restringir este derecho, especialmente en Estados Unidos.
Respuesta al “trauma posaborto” aprobado en Madrid
La iniciativa surge tras la aprobación en el Ayuntamiento de Madrid, con los votos de PP y Vox, de una medida que obliga a informar a las mujeres que soliciten la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sobre el llamado “trauma posaborto”.
Un concepto que, según la ministra de Sanidad Mónica García, “carece de aval científico” y se sustenta en “mucha ideología y poca ciencia”. El propio alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, reconoció que no es una “categoría científica reconocida”.
En respuesta, Sánchez escribió en la red social X:
“El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres. Este Gobierno no dará ni un paso atrás en derechos sociales”.
Blindaje legal contra la desinformación
Además de la reforma constitucional, el Ejecutivo anunció que modificará el Real Decreto 825/2010 para impedir que las mujeres reciban información falsa o sin respaldo científico al solicitar una IVE.
El Gobierno recordó que el Tribunal Constitucional ya reconoció la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho esencial de las mujeres en una sentencia del 9 de mayo de 2023.
La nueva normativa establecerá que toda la información sobre la IVE deberá estar sustentada en evidencia científica objetiva y avalada por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).
Un paso hacia la reforma constitucional
El Ejecutivo impulsará un procedimiento de reforma ordinario que requiere mayoría cualificada en el Parlamento. Si prospera, España se convertiría en el segundo país del mundo en consagrar este derecho en su Constitución, tras el precedente de Francia en 2024.
Francia, el antecedente internacional
El 4 de marzo de 2024, Francia se convirtió en el primer país en incluir explícitamente el acceso al aborto en su Carta Magna, con 780 votos a favor y 72 en contra en una sesión conjunta de la Asamblea y el Senado en Versalles.
El entonces primer ministro, Gabriel Attal, celebró la aprobación:
“Este mensaje es claro: vuestro cuerpo os pertenece y nadie tiene derecho a disponer de él en vuestro lugar”.
El reconocimiento al aborto en Francia se remonta a 1975 con la histórica Ley Simone Veil.